Denuncian presunto cartel de los filtros en el Meta: Más de 35 mil millones estarían embolatados

La investigación que adelantan las autoridades tienen en la mira al exgobernador del Meta Juan Guillermo Zuluaga, a su ex secretario de Gobierno, Hernán Gómez Niño, a su ex secretaria Social, Shirley Marcela Alfonso, a su ex secretario de Educación Jhon Sanabria y a los exalcaldes de Puerto Gaitán Jorge Plazas, Puerto López Carlos Julio Gutiérrez y Mapiripán Yohan José Rojas Martínez. 

La firma de abogados G&G Asociados denunció que durante los años 2022 y 2023 se llevaron a cabo una serie de contratos en la Gobernación del Meta los cuales tenían como objeto, implementar, adquirir, instalar o dotar sistemas de filtración de agua en batallones, centros vida y establecimientos educativos del Meta con el fin de mejorar las condiciones de acceso al agua potable. 

Dos de los contratos, uno por 4.790 millones y el otro por 2.344 millones fueron ejecutados a través de la secretaría de Gobierno, cuyo jefe en su momento, era el hoy imputado Hernán Gómez Niño. 

Un tercero por valor de 1999 millones fue ejecutado a través de la secretaría de Educación cuyo ordenador del gasto era Jhon Sanabria. Y un último contrato, el más grande, fue ejecutado a través de la secretaría Social del Meta, por un valor de 8999 millones de pesos, cuando la ordenadora del gasto era Shirley Marcela Alfonso. 

Todos los contratos han sido denunciados de manera independiente a las autoridades competentes y en uno de ellos, la Contraloría General de la República ya respondió, dejando claro qué;

“Los estudios previos presentados por parte e la Gobernación del Departamento del Meta y por el Ejército Nacional, que sustentan la justificación para la suscripción del Contrato de Suministro 3355 de 10 de noviembre de 2022, no dan cuenta de unos reales análisis que permitan determinar desde un punto de vista técnico la necesidad de adquirir 18 filtros purificadores de agua H2GO R1 por parte de la Séptima Brigada, pues se observa la ausencia de estudios que permitieran constatar la calidad del consumo de agua, los problema que se estuvieran presentando en la captación del agua y en los procesos de purificación o adquisición de la misma. Así mismo, no se estimaron los costos beneficios ambientales y técnicos que podrían lograrse” 

Para la Contraloría, no existió justificación alguna para la compra específica de filtros de agua, direccionada específicamente a sistemas de Filtración H2GO R1, omisión que igualmente se observa en el proyecto presentado por parte del Ejército Nacional y en el Acta de Comité de Orden Público de fecha 11 de octubre de 2022, a través de la cual se tomó la decisión de adquirir lo respectivos filtros de agua.

A esto se suma según el ente Fiscal, la inexistencia de términos de referencia, dentro de la etapa precontractual, que permitiera determinar con precisión las condiciones técnicas que debían tener los filtros de agua necesarios para el consumo humano de las unidades de operación del Ejército Nacional en el Departamento del Meta.

La Contraloría General reprochó, que los respectivos filtros de agua no se encuentran con las certificaciones de organizaciones internacionales, por medio de las cuales permitan identificarlos como buenos instrumentos que cumplen con los respectivos estándares de calidad. Por lo tanto, la compra de los mismos obedeció a un simple capricho, que no contó con los respectivos diagnósticos técnicos que permitieran justificar la adquisición de los mismos, a lo que se suma que estos implementos no cuentan con las licencias respectivas de calidad, puesto que el contratista , POSIBLEMENTE, pudo haber falsificado el certificado de ser el único proveedor, generando con ello un indebido uso de modalidad de selección contractual.

Para la entidad fiscalizadora, se configuró un hallazgo fiscal, por la cuantía de $4.790.486.136, valor total del contrato, el cual ya se encuentra finalizado, atendiendo que existió una falta absoluta de planeación, en el sentido de no haberse elaborado los respectivos estudios previos, que dieran cuenta de las reales necesidades técnicas que se requerían para la adquisición de los filtros de agua H2G R1, por lo que la adquisición de los mismos obedeció a una decisión administrativa que no estuvo soportada con los correspondientes análisis de orden técnico, que conllevan posteriormente a una inexistencia de estudio de mercado, una indebida contratación y por consiguiente un presunto daño patrimonial, al poder generar sobrecostos en su adquisición, atendiendo el alto precio de los mismos, sin haber establecido de forma previa, las necesidades técnicas que cada unidad o batallón requerían para adquirir un consumo de agua potable.

Según la firma de abogados, al hacer un análisis de los contratos restantes, se puede evidenciar, que tanto la empresa contratista como la Gobernación del Meta, habrían utilizado la misma modalidad, lo que podría configurar un hallazgo Fiscal por más de 18 mil millones de pesos por los cuatro contratos firmados en la Entidad Territorial y la empresa CAPITAL INVESTMENTS S.A.S cuya representante legal es la señora Ruth Elizabeth Millán Durán. 

Pero no solo desde la Gobernación del Meta se presentaron dichas irregularidades, en el municipio de Puerto Gaitán, cuando era alcalde Jorge Plazas, se llevó a cabo otro contrato para compra de filtros para la supuesta purificación del agua como estrategia de salubridad en los centros educativos por un valor de  14 mil 735 millones donde también contrataron con la misma empresa CAPITAL INVESTMENTS S.A.S y se utilizó la modalidad de contratación directa, tal cual, como lo hicieron en la Gobernación. 

En el municipio de Puerto López, bajo el liderazgo de Carlos Julio Gutiérrez, el contrato con la misma firma fue de 5 mil 084 millones y en Mapiripán se ejecutó uno por 247 millones de pesos. 

En cada unas de las entidades del estado los filtros de agua, se pagaron en los siguientes precios: 

• Gobernación del Meta: Entre 234 millones y 266 millones. 

• Alcaldía de Puerto Gaitán: 316 millones.

• Alcaldía Puerto López: 297 millones. 

• Alcaldía Mapiripán: 247 millones. 

Los denunciantes aseguran, que las múltiples irregularidades presentadas en la respuesta de la Contraloría, incluyendo una presunta falsificación del documento de la NSF (Organización Para la Seguridad y la Salud Pública) que certifica la potabilidad del agua, se presentaron en todas y cada una de las entidades del Meta donde se llevaron a cabo estos contratos, lo que configuraría un presunto daño patrimonial y hallazgo fiscal por más de 35 mil millones de pesos y las responsabilidades fiscales, disciplinarias y penales de los actores antes mencionados. 

Además afirman, que la empresa CAPITAL INVESTMENTS S.A.S no se encuentra acreditada por la ONAC (Organismo Nacional de Acreditación de Colombia) para la comercialización de dichos filtros de agua dentro de Colombia con las certificaciones correspondientes.