Ante la problemática ambiental generada por el desecho inadecuado de llantas usadas, las secretarías de Medio Ambiente y Gobierno de Villavicencio, en conjunto con Cormacarena y la ANLA, pidieron al Gobierno Nacional modificar la Resolución 1326 de 2017. Esta medida busca obligar a los fabricantes y distribuidores de llantas a nivel nacional a garantizar su recolección y tratamiento.
El secretario de Medio Ambiente, Alexander Novoa Mosquera, enfatizó que el manejo de las llantas no corresponde a las entidades locales, sino a los productores. Además, informó que el municipio ha comenzado a aplicar sanciones de hasta 16 salarios mínimos por la disposición indebida de residuos, con el objetivo de proteger fuentes hídricas, bosques y zonas urbanas afectadas.
La alta demanda y consumo de llantas en Villavicencio ha superado la capacidad del único centro de acopio administrado por Cormacarena, agravando la situación y generando impactos negativos en el entorno.
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