El exalcalde de Villavicencio, Felipe Harman, se pronunció frente a uno de los pliegos de cargos en su contra formulados por la Procuraduría General de la Nación (PGN). Según Harman, se le cuestiona por cumplir una orden judicial que lo obligaba a tramitar recusaciones en un proceso policivo, en un caso que calificó como “inverosímil”.
Uno de los puntos más destacados es la acusación relacionada con la supuesta “promoción de la construcción ilegal”. Al respecto, Harman explicó que la legalización de un barrio que llevaba más de 20 años de existencia fue una decisión fundamentada en el cumplimiento de un mandato judicial, sin conexión alguna con la construcción ilegal.
“Es absurdo que se me cuestione por legalizar un barrio que llevaba más de dos décadas operando de manera informal. Mi gobierno no promovió construcciones ilegales; por el contrario, garantizamos derechos y formalizamos asentamientos para mejorar la calidad de vida de las familias”, afirmó Harman.
El exalcalde reiteró su compromiso con la legalidad y el bienestar de las comunidades y lamentó que actuaciones administrativas que benefician a la población terminen siendo interpretadas como faltas disciplinarias.
Este caso abre un debate sobre los retos de los gobiernos locales frente a la formalización de asentamientos y la interpretación jurídica de sus actuaciones administrativas.
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