La Contraloría General de la República ha determinado que dos exalcaldes de Puerto López, Leonardo Cruz García y Víctor Bravo, junto con varios funcionarios de la empresa de servicios públicos Espuerto y contratistas involucrados, son responsables fiscalmente por las obras inconclusas en el sector de la Balsa. La auditoría realizada por la entidad reveló serias irregularidades en la ejecución de proyectos clave para la comunidad.
El caso comenzó durante la administración de Leonardo Cruz García (2012-2015), quien suscribió un convenio interadministrativo con Espuerto para la construcción de un sistema de aguas lluvias, canales pluviales y una planta de tratamiento de aguas residuales en la Balsa, por un valor inicial de 2.491 millones de pesos, con una adición de 550 millones. A pesar de que Espuerto celebró el contrato de obra con la Unión Temporal La Balsa, las obras nunca fueron concluidas ni entregadas a la comunidad, incumpliendo el plazo originalmente establecido de 13 meses. En su lugar, el alcalde y los funcionarios responsables no supervisaron adecuadamente los trabajos, y el contratista recibió un pago total de 2.591 millones de pesos, sin que se completara la obra.
Tras investigar los hechos, la Contraloría resolvió abrir un proceso de responsabilidad fiscal, encontrando a Cruz García, a los funcionarios de Espuerto y a los contratistas responsables, imponiendo una multa solidaria de 4.189 millones de pesos por “culpa grave”, ya que no se cumplió con la ejecución de las obras y la adecuada vigilancia de las mismas.
En el caso de Víctor Bravo, quien asumió la alcaldía entre 2016 y 2019, la Contraloría determinó que liquidó el convenio de 2012, alegando la pérdida de competencia, y archivó el expediente sin tomar medidas para garantizar la ejecución de las obras o resolver los incumplimientos previos. La Contraloría consideró que Bravo actuó con negligencia, ya que, como alcalde, tenía la responsabilidad de garantizar el cumplimiento de los contratos y la correcta administración de los recursos municipales.
El fallo de la Contraloría del 13 de marzo de 2025 señala que Bravo también será responsable fiscalmente de forma solidaria, con una sanción de 4.189 millones de pesos, por la ineficacia y omisiones en su gestión.
Esta decisión ha generado controversia en el municipio, donde ciudadanos han manifestado su intención de solicitar a la Procuraduría y la Fiscalía que abran investigaciones disciplinarias y penales contra los exalcaldes y otros responsables, a fin de que enfrenten las consecuencias legales por los daños patrimoniales causados.
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